#55 Crisis mundial / Gobernabilidad, participación ciudadana y desarrollo

Revista Solidaridad internacional #55

- Julio/Agosto 2009 - 

Editorial # 55

A estas alturas de la crisis, cuando ya no se discute su gran e imbricada envergadura sino cómo paliar sus efectos demoledores sobre la economía y las oportunidades sociales, es más pertinente que nunca hablar de democracia, ciudadanía y participación. Los tiempos de dominio fuerte de las coyunturas quizás no sean los más propicios para tomar decisiones a largo plazo, pero claramente abren brechas sobre lo que hasta entonces eran certezas y revelan aspectos de nuestras sociedades hasta ahora poco conocidos o desapercibidos. Si miramos con cierto optimismo la evolución política desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir durante los últimos 60 años (apenas nada), hemos de admitir que a pesar de la violencia y las injusticias que han persistido o surgido después, en la mayoría de las naciones del mundo parece haber un compromiso básico con la democracia liberal y el Estado de Derecho como sistema de gobierno. No sin enormes dificultades en algunos casos y siempre con importantes contradicciones.

La actual crisis revela de forma todavía algo burda que esta especie de “conciencia global” de que las personas como titulares de Derechos se convierten en ciudadanía y como tal tienen derecho a participar en determinadas decisiones públicas y a exigir cuentas a sus gobiernos, ha agotado los actuales mecanismos de participación política y las actuales formas de organización en torno a los Estados y al sistema de organizaciones internacionales.

Por una parte, la crisis ha demostrado que ya es ineludible una mayor democratización de la política internacional. La elección del G 20 como foro clave en la lucha contra la crisis no sólo dejar ver el papel cada vez más crucial de las economías emergentes en el sistema económico mundial, sino también que las decisiones de los representantes políticos de la minoría de ciudadanos occidentales difícilmente pueden ofrecerse como legítimas para resolver una crisis global. El hecho de que los gobiernos reunidos en el G20 representen a alrededor de los dos tercios de la población mundial se convierte en algo fundamental para legitimar las medidas que ahí se acuerden. Pero de la misma forma, una parte importante de las críticas que sufre el G20 provienen de mayores demandas de democratización. ¿Qué ocurre con la representación de los países más pobres que sufren igualmente o más los vapuleos de la crisis? ¿Son suficientemente transparentes las decisiones tomadas en el seno del G20? ¿Ante quién responden políticamente estos líderes del incumplimiento o del fracaso de estas medidas globales? ¿Quién ha decidido la composición del G20 más allá de la propia voluntad de sus gobiernos? ¿Tiene el gobierno de China la misma legitimidad para hablar en nombre de sus millones de ciudadanos que cualquier otro gobierno que sea democrático? ¿No afectan, acaso, estas preguntas, de no siempre sencilla respuesta, a la capacidad del G20 para ser un efectivo foro de coordinación entre los líderes gubernamentales y un espacio de articulación de respuestas globales contra la crisis?

Más allá de este debate se encuentra bajo la crisis otra cuestión política todavía más compleja. El grosso de los beneficios de la economía financiera, de la especulación y la libre circulación de capitales a nivel mundial ha quedado concentrado en las manos de unos pocos grandes grupos económicos y sus gobiernos “amigos”. Ahora algunos de estos grupos están sufriendo los efectos de la crisis pero junto con ellos los soportan también pequeños campesinos y campesinas, trabajadoras y trabajadores de los llamados sectores informales de la economía, pequeños empresarios y empresarias de zonas urbanas o periurbanas, asalariados y asalariadas de empresas privadas nacionales o transnacionales, niños y niñas que viven del trabajo infantil, personas migrantes y refugiadas que se encuentran fuera de sus sociedades, clases medias que ven recortado su nivel de vida. Y ello porque el efecto de la crisis en la circulación de dinero, en el precio de productos básicos y en las oportunidades de empleo está siendo en muchos lugares del planeta devastador. Una mirada desde la Democracia, inevitablemente abre el debate sobre la redistribución de la riqueza , en el marco de un mercado global que ya existe pero sin un poder político de la misma envergadura que le haga peso. Y de ahí están surgiendo voces más o menos críticas a favor de una especie de pacto global que permita una mejor redistribución de la riqueza mundial. A nivel internacional se habla de la necesidad de un nuevo modelo económico, que sea sostenible, verde y que ponga límites a la especulación. Pero, el debate que subyace versa sobre un nuevo modelo político global, más democrático y legítimo que permita responder ante esta y otras crisis futuras.

Por otra parte, a nivel nacional la crisis revela también espacios en los que el sistema democrático se ha mostrado débil: en primer lugar, el control de ciertas dimensiones de la actividad económica. Parece que el Estado hubiera abdicado de sus funciones de control (claves para cualquier democracia), en aras de un liberalismo económico mal entendido. Algo que las experiencias más extremas ya habían dejado entrever en países en desarrollo, en sectores como el de los hidrocarburos.
 

Pero en segundo lugar y todavía más revelador, se ha mostrado la limitada capacidad de nuestros actuales sistemas políticos para tomar decisiones rápidas con el adecuado consenso social y participación ciudadana. Entre las primeras críticas sobre las respuestas inmediatas que los gobiernos occidentales dieron a la crisis inicialmente, a través de grandes rescates al sistema bancario, destacan su carácter apresurado, justificándose en su inevitabilidad, poco transparente y a cambio de pocas contraprestaciones por la banca. Si este tipo de medidas hubieran sido planteadas en un ámbito de debate político más amplio y en una clave más estratégica, en la que se hubieran debatido efectivamente los distintos paquetes de medidas y el coste de lo que se deja de hacer por inyectar tales cantidades (por ejemplo, recortes en políticas sociales, en políticas de I+D+i, en políticas de empleo, o en AOD el único mecanismo de transferencia pública con el que cuentan los países del Sur), es muy probable que el resultado de las opciones políticas hubiera sido otro o quizá más matizado.

En todo caso, democracias más y menos consolidadas van a sufrir presión de sus ciudadanías por las difíciles condiciones económicas y sociales que la crisis apareja. Ahí será necesario ir más allá de las reformas y consolidaciones institucionales tan en boga en los años 90, y apostar por la creación de nuevos espacios de participación política, reconocimiento de derechos a la ciudadanía y de transparencia y rendición de cuentas. De lo contrario, el riesgo puede ser un retroceso en clave de un mayor papel de partidos extremistas, como tímidamente apuntan las recientes elecciones al Parlamento Europeo.

Desde Solidaridad Internacional somos conscientes del inicio de estas encrucijadas y creemos que la agenda de democracia es hoy más necesaria que nunca. Una agenda renovada para trabajar desde la sociedad civil en el diseño de nuevos canales de participación ciudadana y construcción de un Estado inclusivo, responsable y transparente. Una agenda de ampliación de derechos y construcción de ciudadanía. Y claramente tenemos mucho que aprender Norte y Sur, unos de los otros en este tema.